¿Ineptitud de autoridades o terrorismo por Twitter y Facebook?

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En la ciudad de Veracruz, en México, el día 25 de agosto de 2011, el profesor Gilberto Martínez Vera y una periodista de nombre María de Jesús Bravo Pagola (Maruchi), publicaron en sus cuentas de Twitter @gilius_22 y Facebook   Maruchi,  respectivamente, notas relacionadas con el supuesto secuestro de niños en escuelas de la ciudad, misma que ocasionó pánico en muchas personas que acudieron a retirar a sus hijos de clases, suspendiendo las mismas por el resto del día e, incluso, en algunos casos también el día 26 y el 29 de agosto.

Después del hecho, todavía se veían una gran cantidad de padres de familia esperando afuera de las instalaciones de las escuelas mientras sus hijos estaban en clases, listos para llevarse a los niños a la menor señal de violencia o movimiento sospechoso.

Debido a dichos mensajes estas personas fueron acusadas de terrorismo y sabotaje, permaneciendo detenidas aún, a pesar de múltiples manifestaciones en contra de estos hechos que muestran más un intento de castigar a las redes sociales por publicar cosas que no se desean ver en ningún lado. Uno de los mensajes enviados por Twitter decía “mi cuñada me hablo alterada,se acaban de llevar 5 niños de dicha escuela,corrijo ALFONSO ARROYO”, siendo esto suficiente para que muchas personas acudieran por sus hijos a las diversas escuelas de la ciudad de Veracruz.

Los comentarios muestran solamente la intención de comunicar algo que pensaban que estaba ocurriendo, en base a mensajes que recibían de otras personas, en un intento de alertar a los padres de familia, lo cual fue tomado por el gobierno del estado como un acto de terrorismo, al causar pánico en la población.

Peticiones de liberación

Todos los medios de comunicación de México han presentado reportajes sobre estos acontecimientos, coincidiendo en que las personas detenidas simplemente estaban haciendo uso de la libertad de expresión, por lo que hay muchas peticiones al gobierno del estado de Veracruz reclamando la forma de actuar del mismo y exigiendo la liberación inmediata de Martínez y Bravo, reclamos a los cuales se suma Amnistía Internacional, con una carta al gobernador Javier Duarte de Ochoa, solicitando apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

Todo esto no ha servido hasta el momento, a pesar de que todo México concuerda con que ha sido una acusación injusta y repercute como un intento de evitar la libertad de expresión en las redes sociales.