Audiencia Culpa al Banco tras Ciberdelincuentes Vaciar Cuenta de Vecina asturiana

Belén Garmendiaz

La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís, que anula un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, ambos obtenidos de forma fraudulenta a nombre de una clienta de un conocido banco malagueño. Esta decisión llega tras un incidente de ciberfraude en el que se utilizaron técnicas de «phishing» y «smishing» para acceder a las credenciales bancarias de la afectada.

El caso se originó en abril de 2022, cuando la cliente, residente en Cangas de Onís, notó movimientos sospechosos en su cuenta después de recibir varias llamadas fraudulentas. Aunque no compartió información bancaria, los delincuentes lograron vincular un teléfono móvil al perfil de la víctima, lo que les permitió contratar un préstamo instantáneo y obtener una tarjeta prepago. Las claves de seguridad fueron enviadas al dispositivo vinculado, facilitando el acceso no autorizado a los fondos de la cuenta.

Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados y representante de la perjudicada, señaló que la sentencia subraya la responsabilidad crítica de las entidades financieras en la protección de los bienes de sus clientes. El tribunal determinó que el banco no demostró haber implementado medidas de seguridad adecuadas para prevenir tal fraude, evidenciando una falta de diligencia en la supervisión de las cuentas afectadas.

La decisión judicial resalta la insuficiencia de los sistemas de autenticación de la entidad y su incapacidad para detectar transacciones de alto riesgo. Además, obliga al banco a restablecer la cuenta de la cliente a su estado previo al engaño y asumir las costas judiciales del proceso.

Este fallo establece un precedente significativo en el ámbito de la ciberseguridad y la protección del consumidor financiero, enfatizando la necesidad de que las instituciones financieras adopten medidas de control y tecnología adecuados para prevenir estafas. La justicia ha enfatizado que los avances tecnológicos deben ir acompañados de una protección robusta, evitando que el riesgo recaiga sobre los consumidores.

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