En un momento en que el desempleo afecta a más de 2.900.000 personas en España, una investigación revela que excluir a quienes están en paro de los procesos de selección no solo es una práctica común, sino también ilegal. Antonio Fernández García, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha destacado este hecho tras un exhaustivo análisis de estudios internacionales y de la situación en servicios de empleo y empresas españolas.
Fernández señala que es habitual que las empresas descarten candidatos simplemente por estar desempleados, especialmente si han estado en esta situación por más de seis meses. Esto, según el experto, es una clara infracción de la ley, que no solo perpetúa estereotipos dañinos sino que también contraviene las normativas de igualdad y no discriminación vigentes en el país.
El estudio indica que esta exclusión es particularmente perjudicial para aquellos que, a pesar de estar en paro, han seguido formándose o han estado ocupados en otras actividades fundamentales como el cuidado de familiares. El profesor ha observado cómo ciertas empresas utilizan sistemas automatizados que discriminan a los desempleados, a menudo sin ser conscientes de las implicaciones legales de estos filtros.
Fernández ha profundizado en la legislación española, destacando que la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación prohíbe expresamente la discriminación por razones socioeconómicas. Adicionalmente, la exclusión de desempleados podría considerarse una discriminación indirecta, afectando desproporcionadamente a mujeres, mayores de 45 años, menores de 30 años, personas con discapacidad, entre otros colectivos vulnerables.
El académico subraya que esta discriminación no solo afecta negativamente a las personas y sus familias en términos económicos y psicológicos, sino que también representa una paradoja política. Resulta incoherente, afirma, invertir en formación y subsidios para desempleados mientras se permite su exclusión en procesos de selección.
Fernández aboga por una revisión de la Ley de empleo de 2023 para que incluya medidas específicas contra la discriminación por situación de desempleo y urge a los servicios de empleo y a las empresas a corregir sus criterios de selección.
Este estudio no solo pone de manifiesto una preocupante realidad, sino que también llama a un cambio necesario para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo en España, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU relacionados con el fin de la pobreza y el fomento de un trabajo decente y crecimiento económico.
