Mucho se ha hablado, durante años y años, del concepto de banda ancha universal. Uno de los objetivos de la globalización desde hace décadas es la extensión de la llamada sociedad de la información, y para ello resulta imprescindible, en los tiempos que vivimos, contar con la posibilidad de acceso a Internet.
El mejor remedio para “curar” esa brecha digital tan presente en numerosos estratos de la sociedad es que sean las propias compañías las que faciliten la contratación de un mínimo de adsl, contando para ello con el apoyo del gobierno. Pensando de este modo ha nacido la ley de servicio universal de telecomunicaciones, que entrará en vigor en España a partir de hoy, 1 de enero de 2012, y que tendrá a Movistar como protagonista.
Todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tienen derecho a la contratación de una línea de adsl de 1 Mbps. No se proporciona de manera gratuita, sin embargo, como sería deseable (esto, evidentemente y por desgracia, es todavía una utopía); Movistar rebaja las cuotas y ofrece diferentes tarifas en función de las necesidades del usuario, y de si desea contratar de manera conjunta Internet y telefonía.
Se trata de una medida que no es perfecta, desde luego (el trasunto económico puede seguir siendo un impedimento para muchas personas, exista o no ley), pero que al menos es un primer paso para que los organismos oficiales y de administración se conciencien de esta realidad. Actualmente existen unas 350.000 personas en España que no tienen posibilidad de acceder a una cuota de adsl, por lo que la prioridad debe ser, ante todo, la mejora de las infraestructuras.
Además de España, Finlandia y Malta son los dos países que cuentan con esta ley, cuya implantación a nivel europeo fue descartada a principios de 2010 por la Comisión que entonces presidía nuestro país.
