En un esfuerzo por mantener su liderazgo en el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial (IA), Estados Unidos ha intensificado las políticas relacionadas con esta tecnología emergente. La campaña comenzó con la promulgación de la Ley Nacional de Iniciativa de Inteligencia Artificial de 2020, que se convirtió en ley en 2021, proporcionando un marco integral para supervisar y evaluar los sistemas basados en IA en el país.
En 2022, la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca presentó el Blueprint para una Carta de Derechos de la IA, un documento orientador que busca proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses frente a sistemas automatizados. Este esfuerzo es el resultado de un año de diálogo público, cristalizando en cinco principios fundamentales para guiar la creación y manejo de estos sistemas.
El auge de tecnologías como ChatGPT, introducida por OpenAI en noviembre de 2022, y cuyo potencial económico podría superar los 2.1 billones de dólares, ha suscitado preocupaciones sobre su integración en el sistema de justicia, dada su rápida evolución y capacidades. En respuesta, en octubre de 2023, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva para asegurar un entorno de IA seguro y confiable. Esta medida requiere que las empresas desarrolladoras de los sistemas más potentes compartan sus datos de prueba de seguridad con el gobierno, particularmente si estos presentan riesgos para la seguridad nacional o la salud pública.
El marco regulatorio antimonopolio en Estados Unidos, que se originó a finales del siglo XIX, enfrenta desafíos para adaptarse al avance rápido de la IA. La Ley Sherman y la Ley Clayton, pilares de esta regulación, fueron diseñadas para preservar una competencia libre y evitar monopolios y prácticas comerciales injustas.
A nivel estatal, iniciativas como la Ley de IA de Colorado están marcando precedentes en la regulación de IA, centrando su atención en sistemas de alto riesgo. Esta ley, que entrará en vigor en 2026, exige que los desarrolladores implementen salvaguardas y compartan información crítica sobre sus modelos y medidas de mitigación de riesgos.
A pesar de estos avances, Estados Unidos todavía enfrenta el desafío de equilibrar la promoción de la innovación con la implementación de salvaguardas adecuadas para proteger a los consumidores y preservar la competencia. Con leyes específicas sobre competencia digital aún pendientes de aprobación, es evidente que el país tiene un largo camino por recorrer en la regulación de la IA. En este contexto, la colaboración entre sectores público y privado será clave para lograr un marco regulatorio efectivo y justo para estas tecnologías emergentes.
